Johnson, Kuri y Sheinbaum: la academia policial que desató polémica en Querétaro
Actualizado: 5 oct

Una nueva polémica política se abrió en Querétaro después de que el gobernador panista Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encabezaran el arranque de un proyecto de capacitación policial que provocó cuestionamientos desde Palacio Nacional.
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El 2 de octubre, Kuri y Johnson participaron en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, dentro del complejo de seguridad RHINO.
El proyecto busca fortalecer la preparación de corporaciones policiales en áreas como detección de drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando.
Durante el evento, Johnson destacó públicamente la cooperación que Estados Unidos mantiene con Querétaro y reconoció al gobierno de Mauricio Kuri. De acuerdo con información difundida durante el acto, Estados Unidos ha destinado durante la última década más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento para instituciones de seguridad y justicia del estado.
La relación de cooperación, por tanto, no nació con esta academia. Existen antecedentes de colaboración entre autoridades queretanas y estadounidenses.
También existe coordinación entre Querétaro y el propio Gobierno de México. El Diario Oficial de la Federación publicó el 28 de abril de 2026 un convenio del FASP 2026, firmado por autoridades federales y Mauricio Kuri, para destinar recursos a seguridad pública.
Sin embargo, la presencia del embajador Johnson en el nuevo proyecto encendió las alertas en Palacio Nacional.
Sheinbaum pide explicaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la manera en que fue presentado el proyecto y anunció que pediría a la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicarse con el gobernador Mauricio Kuri y con el embajador Ronald Johnson.
El cuestionamiento presidencial se concentró principalmente en el procedimiento.
Sheinbaum planteó que un proyecto internacional relacionado con seguridad debe contar con la coordinación correspondiente del Gobierno federal y particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También cuestionó la ausencia de los titulares de instituciones federales que, desde la perspectiva de Palacio Nacional, deberían participar en un proyecto de estas características.
La presidenta no acusó directamente al gobernador de haber cometido un delito. Su señalamiento se centró en conocer cómo se acordó el proyecto, quién lo autorizó y cuál fue la participación de las autoridades federales mexicanas.
Y precisamente después de estas declaraciones apareció una respuesta que agregó nuevos elementos al debate.
Gildo Garza responde a la presidenta
El periodista Gildo Garza respondió públicamente a Claudia Sheinbaum asegurando que sí hubo presencia federal en el evento de Querétaro.
Garza señaló que estuvieron presentes el general Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17ª Zona Militar; representantes de la Guardia Nacional y Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro.
El periodista también recordó que Querétaro mantiene convenios formales con la Federación.
Entre ellos está precisamente el FASP 2026, mediante el cual existen recursos federales y estatales destinados a seguridad pública.
Garza mencionó además acuerdos internacionales previamente documentados, como una carta de intención suscrita en abril de 2026 entre autoridades de Querétaro y Laredo, Texas, relacionada con capacitación, rescate, atención prehospitalaria y respuesta ante emergencias.
Su argumento fue contundente: una diferencia política no necesariamente significa que exista una ilegalidad.
Sin embargo, hay una distinción importante.
Que funcionarios federales hayan asistido al evento no necesariamente demuestra que la Secretaría de Relaciones Exteriores hubiera autorizado previamente todos los términos de la cooperación internacional.
Ahí está precisamente el centro de la controversia.
Por un lado, el Gobierno de Querétaro puede demostrar que mantiene cooperación institucional tanto con autoridades estadounidenses como con el Gobierno federal.
Por el otro, Claudia Sheinbaum sostiene que cuando se trata de cooperación internacional vinculada con seguridad existen procedimientos y competencias federales que deben respetarse.
Por ahora, más que demostrar una ilegalidad, el episodio deja abierta una pregunta que deberá responderse documentalmente:
¿La Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro cumplió previamente con todos los procedimientos de coordinación y autorización establecidos por el Gobierno federal?
Esa respuesta será la que determine si estamos frente a una controversia meramente política o ante un verdadero problema de coordinación institucional.
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