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Salinas Pliego Contraataca desde Nueva York.

  • Foto del escritor: evodio camarena
    evodio camarena
  • 27 ene
  • 3 Min. de lectura

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas y de la cadena televisiva TV Azteca, ha lanzado un contraataque legal en Estados Unidos en medio de una prolongada batalla financiera y fiscal que involucra deudas millonarias, fallos judiciales controvertidos y acusaciones cruzadas de presión política.


De acuerdo con documentos judiciales presentados recientemente en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, empresas vinculadas a Salinas Pliego —incluyendo filiales de TV Azteca— han demandado a dos fondos de inversión estadounidenses: Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management. La exigencia es clara y cuantiosa: una indemnización de 400 millones de dólares (equivalente a casi 7 mil millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual) por lo que describen como una "campaña negra" orquestada en su contra.

Según la contra demanda, estos fondos —que son tenedores de bonos emitidos por TV Azteca en 2017 por un monto original de 400 millones de dólares— habrían llevado a cabo acciones coordinadas que incluyeron cabildeo político intenso, reuniones con autoridades y supuesta intervención en instancias judiciales mexicanas. El objetivo, alegan las empresas de Salinas, habría sido influir en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en varios juicios fiscales pendientes contra Grupo Salinas.

El conflicto se remonta a bonos no pagados desde 2021, lo que derivó en demandas iniciales de los acreedores en Nueva York. Los fondos adquirieron posiciones en esa deuda y han presionado por el cobro total, que con intereses y penalizaciones supera los 500 millones de dólares. Paralelamente, en México, Grupo Salinas ha enfrentado una serie de litigios fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos acumulados desde ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, relacionados principalmente con el Impuesto sobre la Renta.


En 2025, la SCJN confirmó resoluciones previas de tribunales inferiores, ratificando un adeudo principal que, con actualizaciones, recargos y multas, asciende a alrededor de 51 mil millones de pesos. Este fallo agotó las vías de impugnación para las empresas del grupo, lo que activó el procedimiento de cobro formal por parte del SAT a partir de enero de 2026.

Sin embargo, el panorama ha evolucionado rápidamente. Representantes de Grupo Salinas se presentaron ante el SAT para expresar su disposición a cubrir el monto adeudado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia matutina que ya existen mesas de trabajo con la autoridad fiscal, enfocadas no en una negociación libre, sino en determinar el alcance de las reducciones y facilidades que permite la ley —como descuentos por pago anticipado o ajustes conforme al Código Fiscal de la Federación—.


En el frente estadounidense, la contra demanda de TV Azteca y sus filiales sostiene que los fondos Cyrus y Contrarian Capital se habrían aprovechado de las tensiones públicas entre Salinas Pliego y el gobierno mexicano —incluyendo críticas directas de la presidenta Sheinbaum hacia el empresario— para amplificar presión política sobre el Poder Judicial. Alegan que esta estrategia contribuyó directamente al fallo adverso de la Corte en los casos fiscales, generando daños económicos millonarios al grupo.


El litigio por los bonos impagos continúa activo en Nueva York, con movimientos recientes como solicitudes de los acreedores para actualizar el caso o incluso cambiar de juez, en busca de acelerar el cobro. Mientras tanto, el SAT avanza en paralelo con el proceso de pago fiscal en México.

Este enfrentamiento ilustra una compleja intersección entre finanzas corporativas, obligaciones tributarias y acusaciones de influencia política transfronteriza. Para los observadores, plantea preguntas sobre los límites entre legítima defensa de intereses crediticios y posibles campañas de descrédito, así como sobre la independencia judicial en contextos de alta tensión entre grandes capitales y el Estado.


Hasta el momento, ni los fondos demandados ni Grupo Salinas han emitido comentarios públicos detallados más allá de los escritos judiciales. El caso sigue en desarrollo tanto en cortes estadounidenses como en las mesas de trabajo con el SAT, en lo que podría definirse como una guerra de desgaste entre poderosos intereses económicos y el marco legal mexicano.


Créditos: Este reportaje fue elaborado con información pública y original, Reporte elaborado por Evodio Camarena para www.laverdaduele33.com con apoyo de Grok por la curaduría de imágenes.


 
 
 

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